Reportes

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se ha convertido en una de las promesas centrales del programa económico de Javier Milei. Con beneficios cambiarios, tributarios y comerciales generosos, el régimen busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares en diferentes sectores productivos como hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia y forestoindustria. El RIGI abre interrogantes y líneas de análisis urgentes que este boletín busca abordar en esta primera edición: ¿Dónde se ubican y qué sectores son los más dinámicos hasta el momento? ¿Cuáles son los principales impactos socioambientales en los territorios? ¿Qué implicancias tendrá el nuevo régimen en el entramado productivo nacional? ¿Y qué margen existe para que futuras controversias desemboquen en litigios internacionales contra el Estado argentino? En este primer número del Observatorio del RIGI presentamos los datos vinculados a los proyectos presentados y aprobados. Aportamos una lectura de su funcionamiento y los desafíos que plantea en el futuro inmediato a partir de diferentes notas.

Pocos símbolos tienen la capacidad de sintetizar el imaginario de desarrollo nacional y sus vaivenes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). YPF es un nudo central del imaginario político de la Argentina: no es una empresa más, es prácticamente un sector económico en sí mismo y, por eso, tiene un rol clave en el devenir de la economía nacional. Es centro de controversias sobre el rumbo del país entero. Este documento presenta los elementos centrales para entender el devenir de YPF, acorralada por limitaciones institucionales que se solapan entre sí a manera de lastre, lo cual impide a la empresa despegar como vehículo de un desarrollo económico más justo. Para eso, se propone un recorrido en la historia reciente de la empresa, como módulo para entender su enlace a procesos de reforma nacionales más amplios.

Si bien la UE está comprometida con las emisiones netas cero, el enfoque predominante depende de mantener la expansión capitalista, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de una verdadera transición verde. El esfuerzo enfrenta complejidades, en particular en el contexto de la competencia global y el imperativo de asegurar materias primas esenciales, haciendo hincapié en los modelos de producción extractivos.

A fines de Mayo 2023 una misión internacional viajó por Colombia, visitando a los lugares afectados por demandas de arbitraje inversor-Estado.

En el informe se exponen los riesgos que el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) implica para el sistema de servicios públicos para los países de América Latina y el Caribe. Se propone brindar elementos para el debate, al mismo tiempo que analizamos ejemplos de Estados que ya modificaron o incluso terminaron sus tratados de protección de inversiones, como es el caso de Bolivia, Ecuador, Indonesia y Sudáfrica.

Desde el principio de la pandemia de Covid-19, empresas y bufetes de abogados evaluaron la opción de demandas ISDS en relación a las medidas que estaban tomando Estados para mitigar los efectos sociales, económicos y sanitarios de la crisis.

Uno de los principales argumentos que se ha usado para justificar la creación del régimen de arbitraje de inversiones es que las cortes nacionales son parciales e inadecuadas para dirimir disputas entre inversores y Estados. La respuesta a este supuesto problema fue la creación de un régimen de “justicia” paralelo establecido por medio de una red de 300 Tratados de Libre Comercio y cerca de 2.500 tratados de protección de inversiones. Estos acuerdos internacionales incluyen el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por su sigla en inglés) que otorga a los inversores extranjeros el derecho a que demanden a los gobiernos ante tribunales de arbitraje internacional, sin que necesiten agotar primero las instancias judiciales nacionales.