Tribunal arbitral: en los procedimientos de arbitraje internacional, es el panel de tres abogados (usualmente corporativos) que deciden si los derechos del inversor han sido violados por el Estado. Su decisión es inapelable.

Tratado Bilateral de Inversión (TBI): es un tratado internacional firmado entre dos Estados que concede amplios derechos a los inversores extranjeros. La mayoría de las demandas de inversores contra Estados se basan en TBIs.

CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, ubicado en Washington. Es el tribunal mas usando en las disputas ISDS.

Tratado de inversión internacional: un tratado concluido entre Estados que puede ser bilateral o multilateral. En su mayoría incluye tratados bilaterales de inversión (TBI) o acuerdos de libre comercio con capítulos de protección de inversiones. Actualmente hay más de 3,300 Tratado de inversión internacional.

Inversión: en términos generales, una inversión es una asignación de capital que se espera que genere una ganancia. Los tratados de inversión han extendido el concepto de inversión para incluir cosas como derechos de propiedad intelectual o bonos soberanos.

Mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés): es el mecanismo que le da aplicabilidad a los derechos de los inversionistas. Los inversores pueden demandar a los Estados en tribunales arbitrales internacionales salteándose los tribunales nacionales. Es un sistema de justicia paralela que solo los inversores tienen acceso.

Expropiación: Corresponde a la incautación de una propiedad sin consentimiento. Los tratados de inversión distinguen entre la expropiación directa e indirecta. La nacionalización es una forma típica de expropiación directa. La expropiación indirecta es un concepto más vago. En realidad, cualquier ley o medida regulatoria que reduzca las utilidades esperadas de un inversionista extranjero puede ser impugnada como una expropiación indirecta. Los tribunales han interpretado de esta manera salvaguardas públicas en salud, ambientales y otras, ordenando a los estados a pagar una compensación.

Trato justo y equitativo (TJE): es una disposición que garantiza que las inversiones de las compañías sean tratadas “justa y equitativamente”. Esta cláusula extremadamente amplia es potencialmente la más peligrosa para el interés público. Los árbitros han argumentado que protege las “expectativas legitimas” del inversor. Es la disposición que los inversionistas usan más frecuente y exitosamente cuando atacan medidas de interés público.

Expectativas legítimas: los tribunales arbitrales han interpretado el concepto de trato justo y equitativo para proteger las “expectativas legítimas” de los inversionistas, incluso si el término no está mencionado en los tratados existentes. También lo han considerado como fuente de un derecho a un contexto regulatorio estable, obligando a los gobiernos a no modificar las leyes, las regulaciones u otras medidas, aún a la luz de nuevos conocimientos o como resultado del voto democrático.

Nación más favorecida (NMF): es una que asegurar que cualquier privilegio concedido a los inversionistas bajo un tratado de inversión con terceras partes, se extiendan a todos los signatarios de un tratado que mencione NMF. Los árbitros han usado las disposiciones de NMF como una “varita mágica” que permite a los inversionistas “importar” los derechos más favorables de otros tratados firmados por el país anfitrión. Esto multiplica los riesgos de ataques exitosos contra las políticas públicas.

Trato nacional: Este principio sostiene que los inversionistas extranjeros tienen que ser tratados, al menos, tan bien como a los inversionistas nacionales. Esto ha sido interpretado, en los procedimientos de ISDS, como una prohibición a cualquier medida que de facto sea una desventaja o podría de alguna manera causar desventajas a los inversionistas extranjeros, aún si no es su propósito.

Requisitos de desempeño: estas son medidas que un gobierno puede imponer a los inversores para garantizar que su inversión haga una contribución positiva a la economía o al desarrollo del país. Los gobiernos podrían, por ejemplo, exigir a los inversores que incluyan algún contenido local, contratar a un cierto número de personas locales, llevar a cabo un determinado nivel de actividad de investigación y desarrollo en el país, o limitarse a un cierto volumen o cantidad de ventas de bienes o servicios en el mercado nacional. Los tratados de protección de inversiones tienden a prohibir que los gobiernos impongan medidas de requisitos de desempeño.

Medidas regulatorias: estas son todas las medidas (nueva legislación, modificaciones legislativas, etc.) adoptadas por un gobierno para implementar la ley nacional.

Daños: es la cantidad reclamada por el inversionista extranjero que inicia procedimientos ISDS contra un gobierno. Los inversores extranjeros pueden reclamar una reparación financiera no solo en función de su inversión real, sino en función de sus expectativa de ganancias futuras.

Laudo: el resultado de un procedimiento de ISDS según lo determinado por el tribunal de arbitraje a cargo de resolver la disputa.

Enfriamiento regulatorio: ocurre cuando la mera posibilidad de ser demandado por un inversor extranjero y tener que enfrentar los costos asociados a la disputa inhibe al Estado para regular en el interés público.

UNCTAD: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, tiene una división encargada del tema protección de inversiones. Publican regularmente las estadísticas más completas sobre tratados internacionales de inversión y disputas entre inversores y estados.

Cláusula de sobrevivencia o “cláusula zombie”: luego de terminado el tratado, mantiene los derechos a los inversionistas para seguir demandando por un período de 5, 10 o 15 años.