México

México tiene 41 tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). Muchos de estos tratados podrían terminarse unilateralmente por México. Esto ofrece una oportunidad única a México de iniciar un proceso de revisión y denuncia de los acuerdos que contienen estas cláusulas. Otros países de la región como Bolivia y Ecuador o de otras partes del mundo, como Indonesia, la India y Sudáfrica han emprendido este camino.

Sin embargo, México continúa por la senda de la firma de acuerdos de protección de inversiones. Fue el primer país en ratificar el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en Inglés), en 2018; cerró las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones en enero de 2025; y está renegociando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y desvelar sus principales consecuencias para el país.

El universo de tratados de protección de inversiones de México

México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 23 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de casi ¾ de todos sus TBI.

Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.

Además de los 31 TBI, México tiene 10 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten ISDS.

México expande privilegios a los inversionistas extranjeros

A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.

Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica

El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, luego que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas cinco meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificarlo, a sólo un mes y medio de haber sido firmado.

El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. Desde 2018, el gobierno de Jacinda Adern de Nueva Zelanda ha negociado side letteres (cartas adjuntas) al capítulo de Inversiones del TPP-11  para excluir el mecanismo ISDS, logrando hacerlo con Australia, Brunei, Chile, Malasia, Perú, el Reino Unido y Vietnam. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta. Solo firmó una carta adjunta, excluyendo ISDS, con Chile siguiendo una iniciativa del presidente Gabriel Boric.

México es el primer país en recibir demandas ISDS bajo el CPTPP. Se trata de los casos de las empresas de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. México (ICSID Case No. ARB/23/53). También ha sido demandado por la empresa minera canadiense Almadex and Almaden por la rescisión retroactiva de concesiones mineras luego de protestas de comunidades que estaban bloqueando el desarrollo del proyecto minero de Ixtaca.

El acuerdo de libre comercio “modernizado” entre la Unión Europea y México

En enero de 2025, la Comisión Europea anunció que las negociaciones para «modernizar» el Acuerdo Global UE-México, firmado originalmente en 2000, habían concluido tras casi una década de conversaciones. El nuevo anuncio de la UE en enero de 2025 se produce pocos días antes de la toma de posesión de Donald Trump y en medio de 8 nuevas amenazas de aumento de los aranceles estadounidenses sobre las exportaciones mexicanas. El acuerdo se firmó el 22 de mayo 2026 y podría aplicarse a partir de 2027. Es importante mencionar que se trata sólo del acuerdo comercial. El acuerdo global que incluye el recurso del arbitraje inversor-Estado tiene que ser aprobado primero por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, un proceso que suele tardar años.

Uno de los principales factores que había retrasado la firma había sido el cambio de política energética de México. Bajo la presidencia de López Obrador, y continuado por la presidenta Sheinbaum, México dio prioridad a la soberanía energética, reforzó las empresas estatales (Pemex y la Comisión Federal de Electricidad) y nacionalizó el litio como recurso estratégico. Estas políticas chocaron con las exigencias de la UE, especialmente en los capítulos de energía y materias primas. México también expresó su preocupación de que las disposiciones de protección de las inversiones pudieran socavar sus reformas energéticas.

El actual impulso de la Comisión Europea para concluir el acuerdo parece estar motivado por presiones geopolíticas y económicas más amplias. La UE ha enmarcado el acuerdo como parte de una estrategia para fortalecer los lazos con los países «aliados», diversificar las cadenas de suministro tras la guerra en Ucrania, garantizar el acceso a materias primas críticas para la transición energética y, ahora también, protegerse contra el riesgo de una nueva guerra comercial liderada por Estados Unidos.

Sin embargo, el acuerdo modernizado introduce varios cambios preocupantes en comparación con el tratado de 2000. Por ejemplo, incluye un capítulo sobre protección de las inversiones, que no figuraba en el acuerdo original. Esto permitiría a los inversores extranjeros impugnar las políticas mexicanas mediante el arbitraje internacional. Aunque la UE presenta su Sistema de Tribunales de Inversión (ICS) como una reforma del tradicional ISDS, las características fundamentales siguen prácticamente intactas: solo los inversores pueden presentar reclamaciones, las indemnizaciones no tienen límite y las normas jurídicas fundamentales siguen estando abiertas a una amplia interpretación. Como resultado, los inversores podrían seguir impugnando medidas de interés público, incluidas las relacionadas con el clima o la salud.

La inclusión de este capítulo ampliaría considerablemente la protección de los inversores. México tiene actualmente 14 TBI con 15 Estados miembros de la UE, 9 de los cuales podrían rescindirse ya. Sustituirlos por un acuerdo a escala de la UE que abarque los 27 Estados miembros dificultaría mucho más la retirada y consolidaría el régimen de protección de inversiones a largo plazo. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que México ya es uno de los países más demandados a nivel mundial en arbitrajes entre inversionistas y Estados.

Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía (aún pendiente), Ecuador (actualmente detenido por diferencias en temas de aranceles y diplomáticas) y ha terminado de “modernizar” su TLC con Chile, entre otros.

México – tercer país más demandado de la región y del mundo

México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y del mundo con 61 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 1ero de abril 2026. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (29 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).

Los inversionistas que demandan

El 52% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 92% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.

El número de demandas por año

México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 10 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año.

El resultado de las demandas

Hay 61 demandas en contra de México, 16 han beneficiado al inversionista, sea por laudo o por acuerdo entre partes y en 15 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, nueve demandas fueron discontinuadas, mientras que 21 aún siguen pendiente.

Los costos de las demandas

Hasta ahora México ya ha sido condenado o acordó pagar casi 451 millones de dólares por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra equivale al presupuesto de 2026 asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y es 8 veces más que el asignado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Considerando solo las demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a casi 5.500 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que no siempre se conoce el monto reclamado por el inversionista. Este monto equivale a más de cinco años de los gastos que preve el Estado mexicano para la protección ambiental.

Además de los costos directos que estos paneles imponen a los estados, pagados en su mayoría en moneda extranjera, las demandas también ocultan altos costos de oportunidad. Teniendo en cuenta las elevadas cantidades reclamadas en cada demanda, es necesario asignar funcionarios públicos de diversos departamentos, a menudo a tiempo completo, para ayudar a preparar la defensa.

Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3.3 millones de dolares. En el caso Lion v. México, el país tuvo que pagarle 2.25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5.4 millones de dólares y en el caso de Bmex y otros, México fue ordenado a devolver 7.5 millones de dólares a la empresa. Sumado los 2.7 millones de dólares de los propios gastos de defensa del Estado, este caso solo en costos por bufetes y tribunal le costó más de 10 millones de dólares a México.

A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para su defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado ha optado por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, Thomas & Partners y Tereposky & DeRose. En pocas ocasiones ha usado también Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.

Sectores de las demandas

México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 61 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con 12 demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación, manufactura, transporte y actividades financieras con cinco demandas respectivamente.

Conclusión y Recomendaciones

La estrategia económica de los pasados gobiernos de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida que no se llegó a registrar, como en el caso de Talos. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un caso importante del llamado “efecto congelador”.

Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática, requiere medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, la promoción de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas.

Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino, han optado Bolivia y Ecuador. Entonces, recomendamos:

» Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI, TBI o TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana.
» Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista – Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta.
» Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado.
» No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino

› Dar primacía a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas.

› Garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión.

› Posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo con el consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo.

› Dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MiPyMEs y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño.

› Exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las normas internas de los países donde tienen actividades y con el derechointernacional.

› Apoyar la negociación de un tratado multilateral fuerte, eficaz y vinculante en Naciones Unidas para regular las Empresas Transnacionales en el marco de los Derechos Humanos.