Guatemala

Durante los últimos diez años, Guatemala ha recibido una serie de demandas multimillonarias de arbitraje internacional relacionadas con disputas de empresas mineras y energéticas, que buscaron instalarse en el territorio de pueblos indígenas y campesinos. Estas empresas contaron con el apoyo del estado para imponer sus proyectos en contra de la autodeterminación de los pueblos afectados, generando daños sociales y ambientales, y grandes conflictos que han conllevado amenazas, procesos de desprestigio e intimidación, criminalización, militarización, intentos de asesinatos y asesinatos, afectando gravemente a las comunidades en resistencia.

Para tratar de imponer estos proyectos, el Estado de Guatemala colaboró con las empresas para facilitar el avance de estas inversiones, primero, ignorando las decisiones que las comunidades y pueblos habían hecho ampliamente conocidas a través de consultas de buena fe, plantones de resistencia, y otras acciones que demostraron su autodeterminación y rechazo a un modelo de desarrollo que destruye el agua, el territorio y perjudica la salud comunitaria. Además de facilitar permisos o permitir que avancen proyectos con irregularidades, en diversos momentos, el Estado participó en los procesos de represión o militarización en favor de las inversiones.

A pesar de tener muchos aspectos a su favor, cuando los inversores no fueron capaces de avanzar en sus proyectos, las empresas transnacionales recurrieron al sistema de solución de controversias Inversor-Estado (conocido por sus siglas en inglés ISDS) para interponer demandas multimillonarias en contra de Guatemala, en un intento por presionar al Estado, o recuperar su inversión y generar ganancias por esta otra vía.

Con frecuencia, se acusa a los pueblos que actúan en defensa de sus aguas, sus territorios y sus vidas por estas demandas, como una forma nueva de desprestigio y criminalización de sus luchas legítimas. Otras veces, concluyen que es resultado de las debilidades institucionales del Estado para regular y manejar las grandes inversiones. Pero, es importante preguntar por qué las empresas gozan de un recurso que les permite demandar a los Estados soberanos, y si es justo que tengan este poder.

El sistema de protección de inversiones transnacionales, o ISDS, es parte del modelo extractivista y de la estructura de impunidad empresarial que ha sido impuesto alrededor del mundo durante los últimos cincuenta años, para facilitar el control de las grandes empresas sobre los bienes comunes en los territorios indígenas y en el Sur Global.

En Guatemala, este modelo de desarrollo neoliberal se ha venido instalando desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996. A la par de las reformas realizadas, como la ley minera para atraer inversión transnacional, y los cambios impulsados para la privatización de la electricidad y la instalación de megaproyectos energéticos para servir a grandes consumidores de energía y al mercado regional de energía, también se firmaron casi treinta Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y Tratados de Libre Comercio (TLCs). Estos tratados dan el poder a las empresas transnacionales para demandar al país, cuando sienten que algunas regulaciones o medidas gubernamentales afectan a sus inversiones.

La opción de recurrir al ISDS profundiza las grandes asimetrías entre los inversionistas y los pueblos afectados por sus inversiones. Por un lado, recurrentemente se niega el derecho a la autodeterminación de los pueblos afectados. Además, las comunidades carecen de vías efectivas para lograr justicia y reparación por los daños que estos proyectos dejan en sus territorios o por las graves violaciones a sus derechos humanos que conllevan los proyectos. Mientras tanto, las empresas gozan de este mecanismo poderoso (ISDS) para presionar al Estado para llegar a un arreglo de acuerdo a sus intereses, o tratar de ganar millones de dólares con grandes implicaciones para el erario público.

Es un sistema injusto. Tal como informó el anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Medioambiente, David Boyd, “Si bien el proceso de ISDS representa una poderosa herramienta para los inversionistas extranjeros, se ha convertido en una catástrofe para el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas y decisiones sobre permisos relacionados con el medio ambiente necesarios para abordar la crisis planetaria.” Sin embargo, no es un sistema inevitable. Pero, primero, hay que identificar el andamiaje legal que lo sostiene, para luego encontrar las posibles salidas.

El universo de tratados de protección de inversiones de Guatemala

Guatemala tiene 18 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) en vigor. Más de dos tercios de esos tratados (66%) podrían ser terminados ya, si el gobierno guatemalteco así lo decidiera. Además, está la posibilidad de denunciar dos tratados, con Países Bajos y la Unión Económica de Luxemburgo y Bélgica en 2026 para que termine en 2027. Los tratados con Finlandia y Turquía también pueden ser terminados a partir de 2027, con lo cual casi el 90% de todos los TBI de Guatemala podrían terminarse el próximo año. Hay un TBI con Rusia que se firmó en 2013 y que aún aguarda ratificación.

Los Tratados de Libre Comercio de Guatemala

Guatemala cuenta con nueve Tratados de Libre Comercio (TLC) que contienen un capítulo sobre protección de inversiones en vigor. Un TLC con Perú que incluye el mecanismo ISDS fue firmado en 2011, pero aún no ha sido ratificado.

Además, existen varios TLC sin capítulos de protección de inversión como el acuerdo de asociación con la Unión Europea (2013), un TLC con la Asociación de Libre Comercio Europea (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega) (2020), con Israel (2024) y el Reino Unido (2021). Y Guatemala acaba de firmar un TLC con Estados Unidos que complementa el ya existente CAFTA-DR.

ISDS en Guatemala

Desde su primera demanda en 2007, Guatemala ha recibido un total de 9 demandas inversor-Estado a base de TBI y TLC. A esto se suman 4 demandas, todas de la misma empresa (SIGMA), a base de un contrato para el mejoramiento de rutas.

Inversores han salido altamente beneficiados

La gran mayoría de las demandas contra Guatemala ya fueron decididas, sólo dos quedan pendientes. Las decisiones beneficiaron altamente a los inversores. De las 13 demandas ISDS (sumando TBI/TLC y contrato), los inversores ganaron en 7 casos, mientras que el Estado se impuso solo en 4.

Los costos de las demandas

Los inversores reclamaron casi 1.7 mil millones de dólares a Guatemala. La gran parte de este monto deriva de las demandas a base de TBI y TLC (1.630 millones de dólares). En las 7 demandas decididas a favor de los inversores, se les otorgaron más de 160 millones de dólares (61.6 millones de dólares a base de contrato y 96.9 millones de dólares a base de TBI y TLC). Este monto equivale a más de tres veces del presupuesto del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de 2025, o a dos veces el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala para el mismo periodo.

Cabe mencionar que los montos de los laudos no incluyen ni los intereses ni los costos del Estado que generalmente aumentan el valor de un laudo sensiblemente.

Para dar un ejemplo, la empresa eléctrica estadounidense TECO demandó a Guatemala en 2010. En 2013 un tribunal emitió un laudo por 21.1 millones de dólares y ordenó al Estado asumir sus propios gastos (abogados y costos del tribunal) de 5.2 millones de dólares y 7.5 millones de dólares del inversor. Luego de intentar anular el laudo y pasar por procedimientos ante tribunales estadounidenses, el Estado guatemalteco acordó pagar 46 millones de dólares al inversor en 2022, más del 100% del laudo original.
Aún hay dos demandas pendientes (de la misma empresa GEB y TRECSA) en las cuales el inversor pide 423 millones de dólares.

Los inversores que demandan

Sin contar a las demandas a base de contratos (porque son todos de un mismo inversor guatemalteco), la mayoría de las demandas contra Guatemala fueron iniciadas por empresas estadounidenses. Pero en comparación con otros países de la región, donde inversores estadounidenses y canadienses constituyen casi la totalidad de quienes demandan, hay una variedad de inversores que han registrado demandas contra Guatemala.

Resulta interesante que los inversores en su mayoría invocaron capítulos de protección de un TLC. Solo en tres casos, o sea en un tercio de las demandas, fueron invocados TBI. Además, casi el 80% de esas demandas fueron registradas en el centro de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, el más usado en todo la región.

Sectores en que se registran las demandas

Casi la totalidad de las demandas contra Guatemala se concentra en dos sectores, construcción y suministro de energía.

Sobre los bufetes de abogados

El bufete White&Case, conocido y usado en la región contra otros países centroamericanos, fue usado en 5 demandas a base de TBI y TLC por los inversores. El Estado guatemalteco ha contratado recurrentemente a la firma Dechert para su defensa (4 casos).

Conclusiones

En los últimos años, Guatemala ha enfrentado una serie de demandas multimillonarias por proyectos energéticos, y una demanda debido a un proyecto minero que recibieron permisos a pesar del amplio rechazo de los pueblos afectados que se opusieron por sus impactos negativos en su agua, sus territorios y salud comunitaria. Como resultado, se generaron conflictos y procesos de represión, militarización, criminalización y violencia en contra de las comunidades que generalmente quedan en la impunidad.

Sin embargo, cuando los inversores no pueden avanzar con sus proyectos por estos procesos de conflicto y resistencia, demandan al Estado por cientos de millones de dólares. Esto es lo que sucedió en Guatamela. En el caso de Kappes, Cassiday & Asociados, la empresa finalmente no ganó, pero el Estado aún tendrá que cubrir sus costos legales. En el caso de Energía y Renovación Holding, S.A., el Estado enfrenta una condena significativa si su proceso de anulación no prospera a su favor, y aún enfrenta otra demanda pendiente interpuesta por las empresas GEB y TRECSA, por 423 millones de dólares.

Además de los altos costos para el erario público, se desconoce cuánto ha costado el efecto disuasorio generado por las demandas y las amenazas de demandas que el Estado ha recibido de empresas mineras, energéticas y posiblemente otras, que intentan disuadir las decisiones públicas en favor de la rendición de cuentas, la protección del ambiente y el respeto de los derechos de las comunidades afectadas, tal como en el caso de la mina Marlin.

Mientras el país sigue expuesto a las demandas ISDS, este sistema sigue siendo un obstáculo, debido a que impide una deliberación más a fondo sobre el modelo o los modelos de desarrollo más adecuados para asegurar el respeto de los derechos colectivos de las comunidades y de los pueblos indígenas, de manera que se pueda garantizar un ambiente sano y una vida digna en el país.

Tal como destaca la Resistencia Pacífica La Puya en su comunicado del 28 de diciembre de 2025, después de que el panel de arbitraje falló en contra de la empresa minera Kappes, Cassiday & Asociados: “En este sistema de arbitraje injusto, que es una cancha unilateral en donde solamente las empresas transnacionales pueden demandar a los Estados y no al revés, efectivamente el Estado no gana, simplemente no pierde. Guatemala está en un momento propicio en que puede revisar los compromisos que ha asumido en los tratados de inversión y decidir si le conviene mantenerse o no en este sistema ponderando los costos y beneficios.”

A continuación, proponemos algunas rutas para empezar a salir del régimen de protección de las inversiones transnacionales.

» Iniciar una revisión integral de los Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio que
contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado, con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes, con el fin de eliminar el mecanismo ISDS.

» Al propósito de una revisión integral:

• Realizar una auditoría integral y ciudadana de todos los instrumentos jurídicos con protección de inversiones, de las demandas arbitrales y de sus impactos económicos, sociales y ambientales.
• Promover que en la auditoría exista una activa participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo con sus derechos colectivos.
• Suspender la posibilidad de que los inversionistas utilicen el ISDS mientras dure la auditoría y seguir sus recomendaciones una vez que concluya.

» Denunciar el Convenio del CIADI y promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversor y Estado.

» No firmar nuevos TLC, TBI ni contratos con cláusulas de protección de inversiones y mecanismo ISDS. Por el contrario, dar primacía a tratados internacionales de derechos humanos, indígenas, ambientales y laborales.

» Los esfuerzos del Gobierno deben centrarse en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales.

Este reporte es una co-publicación entre el Transnational Institute y el Institute for Policy Studies (IPS).