Boletín N° 3/2024 – Novedades sobre nuevas demandas ISDS contra países de América Latina y el Caribe

Boletín N° 3/2024

Actualidad de demandas ISDS

• Total de demandas de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe hasta el 30 de Septiembre 2024: 396 demandas.

• Demandas en lo que va del año: 16 demandas.

• Países demandados en los primeros nueve meses de 2024: 3 demandas: México, Honduras, Panamá; 2 demandas: Uruguay, Colombia, Chile; 1 demanda: Trinidad y Tobago.

Breve descripción de las nuevas demandas en los últimos tres meses

X-Elio Energy S.L. v. Republic of Honduras y Víctor Miguel Silhy Zacarías v .Honduras: Pocas semanas antes de la salida de Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dos inversores en energía renovable, la empresa española X-Elio y el salvadoreño Víctor Miguel Silhy Zacarías, registraron dos demandas contra el país centroamericano ante este tribunal de arbitraje. Invocaron el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre Honduras y España por un lado, y el tratado de libre comercio (TLC) entre la República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR) por el otro. Las demandas están relacionadas a la renegociación de contratos de generación de energía eléctrica bajo la nueva Ley de Energía Eléctrica de 2022. Los montos reclamados por los inversores no se conocen. Pueden encontrar más información al respecto en nuestro reporte sobre el régimen de protección de inversiones en Honduras (reporte completo): https://isds-americalatina.org/honduras/

NC Telecom AS y otros v. Chile: La empresa chilena de telecomunicaciones WOM, indirectamente controlada por la empresa noruega NC Telecom, registró una demanda contra Chile bajo el TBI entre Chile y Noruega. La demanda tiene su origen en un contrato de 2021 que encargaba a la empresa construir e instalar la infraestructura 5G en Chile. Según alega la empresa, Chile no concedió los permisos necesarios a tiempo, lo que demoró el comienzo del proyecto. Además, no otorgó una extensión para la finalización de las obras. De hecho, las autoridades chilenas impusieron una multa a WOM. Acto seguido, la empresa inició un litigio en el Tribunal Civil de Santiago, que falló a favor de la empresa, emitiendo una orden de medidas cautelares que prohibía a Chile ejecutar garantías por el valor de unos 50 millones de dólares relacionadas con el proyecto hasta que se iniciara un arbitraje del CIADI. El monto reclamado por el inversor es desconocido.

Continental Gold v. Republic of Colombia: La empresa minera Continental Gold, filial de la compañía china Zijin Mining, está demandando a Colombia bajo el TLC entre Colombia y Canadá. La razón de la demanda es el bloqueo de su mina de oro Buriticá, considerado el desarrollo aurífero subterráneo más importante en el país. De hecho, desde mayo de 2023, luego de un atentado en la mina que mató a dos personas, perpetrado por organizaciones mineras ilegales locales, la situación en la mina se ha agravando debido al enfrentamiento entre el grupo paramilitar Clan del Golfo que junto a mineros ilegales, han construido túneles para llegar a la infraestructura de Continental Gold. Según la Fundación PARES hubo más de un encuentro violento entre empleadxs de la empresa y mineros ilegales vinculados al Clan del Golfo. Según la empresa, las autoridades colombianas no han reaccionado frente a su reiterado pedido de ayuda para poder realizar sus operaciones con normalidad. El monto reclamado por la empresa es desconocido.

Franco-Nevada v. Panamá: La empresa minera canadiense Franco-Nevada es la primera en demandar a Panamá ante el CIADI en relación con la cancelación de una concesión por la exploración de cobre y otros minerales en el país. Hay varias amenazas de demandas relacionadas con el mismo proyecto minero que es dirigido por la empresa canadiense First Quantum, de la cual Franco-Nevada es socio. En 2017, la Corte Suprema de Panamá declaró ilegal la concesión obtenida por una subsidiaria de First Quantum (Minera Panamá) en 1997. Acto seguido, el gobierno panameño ordenó a Minera Panamá suspender las actividades en la mina hasta recibir una nueva concesión. Las protestas en contra de reabrir la mina fueron de tal magnitud que en noviembre de 2023, la Asamblea Nacional adoptó una ley que impone una moratoria a cualquier concesión minera nueva. Poco después, el gobierno panameño recibió por lo menos cinco notificaciones de arbitraje, de las cuales dos ya se realizaron. Franco-Nevada solicita 5.000 millones de dólares como indemnización.

Es interesante saber que Minera Panamá ya inició un procedimiento de arbitraje ante la Corte Internacional de Comercio (ICC), invocando el contrato que fue declarado nulo por la Corte Suprema.

Orla Mining v. Panamá: La empresa minera canadiense Orla Mining demanda a Panamá bajo el TLC entre el país centroamericano y Canadá. El origen de la demanda se basa en la misma moratoria para otorgar, renovar o prorrogar concesiones para la exploración, extracción o explotación de minería metálica en Panamá. En el caso de Orla Mining, se trata de una mina en Cerro Quema que produce oro de lixiviación en pilas a cielo abierto en fase de prefactibilidad. En diciembre de 2023, el área fue declarada como reserva y consecuentemente se cancelaron todas las concesiones. La empresa solicita 400 millones de dólares como indemnización.

Para más información, visiten nuestra página web: https://isds-americalatina.org/

Les recordamos además que recientemente publicamos una actualización de nuestro reporte sobre el régimen de inversiones de México: https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/

Esta actualización se encuentra ahora disponible en inglés en el mismo sitio.

Además, publicamos un reporte sobre el régimen de protección de inversiones en Honduras, también en español e inglés.

Dentro de poco publicaremos además una versión actualizada del reporte general sobre ISDS en América Latina.