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A fines de Mayo 2023 una misión internacional viajó por Colombia, visitando a los lugares afectados por demandas de arbitraje inversor-Estado.

En el informe se exponen los riesgos que el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) implica para el sistema de servicios públicos para los países de América Latina y el Caribe. Se propone brindar elementos para el debate, al mismo tiempo que analizamos ejemplos de Estados que ya modificaron o incluso terminaron sus tratados de protección de inversiones, como es el caso de Bolivia, Ecuador, Indonesia y Sudáfrica.

Desde el principio de la pandemia de Covid-19, empresas y bufetes de abogados evaluaron la opción de demandas ISDS en relación a las medidas que estaban tomando Estados para mitigar los efectos sociales, económicos y sanitarios de la crisis.

Uno de los principales argumentos que se ha usado para justificar la creación del régimen de arbitraje de inversiones es que las cortes nacionales son parciales e inadecuadas para dirimir disputas entre inversores y Estados. La respuesta a este supuesto problema fue la creación de un régimen de “justicia” paralelo establecido por medio de una red de 300 Tratados de Libre Comercio y cerca de 2.500 tratados de protección de inversiones. Estos acuerdos internacionales incluyen el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado (ISDS por su sigla en inglés) que otorga a los inversores extranjeros el derecho a que demanden a los gobiernos ante tribunales de arbitraje internacional, sin que necesiten agotar primero las instancias judiciales nacionales.