Ecuador: el gobierno busca reabrir las puertas al arbitraje internacional

El gobierno de Daniel Noboa impulsa una ofensiva política y jurídica que podría reconfigurar la democracia ecuatoriana. El 16 de noviembre, la ciudadanía será convocada a una consulta popular que, de aprobarse, abriría la puerta a una reforma constitucional y pondría en riesgo uno de los pilares de la Constitución de Montecristi de 2008: el artículo 422, que prohíbe expresamente que Ecuador acepte el arbitraje internacional en disputas con inversores extranjeros.

Actualmente, las organizaciones sociales ecuatorianas denuncian una “dictadura minera”, la fusión del Ministerio de Ambiente con el de Energía y Minas, el avance de concesiones mineras sobre territorios indígenas y una política económica orientada a favorecer a las corporaciones. El contexto de represión, crisis y conflicto territorial se combina ahora con una reforma constitucional que busca devolver poder a los intereses empresariales extranjeros.

Recientemente, las protestas no dejan de sentirse en Ecuador. El paro nacional, que se extendió por más de un mes, dejó tres personas asesinadas y cientos de detenciones, y puso en evidencia el descontento social frente al aumento del precio de los combustibles, la expansión de las actividades extractivas y la represión estatal. En ese mismo clima, el 16 de septiembre, una gran marcha en la ciudad de Cuenca reafirmó el rechazo a la minería en el Kimsakocha y la defensa del agua como bien común. Desde los Andes hasta la Amazonía, las organizaciones y comunidades insisten en que lo que está en juego no es solo la política económica del gobierno de Noboa, sino el intento de desmantelar el proyecto de justicia social y soberanía consagrado en la Constitución de Montecristi. Como señala Alberto Acosta, aquella Constitución fue concebida como una hoja de ruta hacia una sociedad más justa y solidaria, y lo que hoy se intenta es reconfigurar sus principios para adaptarlos a un mundo cada vez más desigual y dominado por los intereses corporativos.

A finales de octubre, el Transnational Institute (TNI) tuvo la oportunidad de estar en Ecuador y dialogar con las organizaciones sociales y movimientos indígenas que enfrentan estas políticas. En esos intercambios, las organizaciones expresaron su profunda preocupación ante la intención del gobierno de modificar el artículo 422 para habilitar nuevamente los mecanismos de arbitraje internacional: una medida que, según advierten, volvería a poner al país al servicio de las inversiones extranjeras, debilitando la capacidad del Estado para proteger sus recursos, su ambiente y sus comunidades.

El artículo 422: una defensa de la soberanía

La Constitución aprobada en 2008 fue un hito en América Latina. Incorporó derechos de la naturaleza, consagró la soberanía sobre los recursos naturales y estableció un principio fundamental: Ecuador no puede firmar tratados que cedan jurisdicción a tribunales internacionales de arbitraje. El artículo 422 fue concebido como un candado jurídico para impedir que el país volviera a ser demandado por corporaciones extranjeras ante cortes privadas fuera de su territorio.

La historia lo justificaba. Durante los años noventa y dos mil, Ecuador firmó treinta tratados bilaterales de inversión (TBI) que incluían el mecanismo conocido como ISDS (Investor-State Dispute Settlement, o sistema de solución de disputas inversor-Estado). A través de este mecanismo, las empresas extranjeras pueden demandar directamente a los gobiernos ante tribunales internacionales si consideran que alguna política pública —por ejemplo, una ley ambiental, una regulación laboral o una medida sanitaria— afecta sus ganancias o incluso sus “expectativas de ganancia”.

Estos tribunales, integrados por tres árbitros privados, tienen poder para decidir si un Estado debe pagar indemnizaciones multimillonarias a las empresas, sin pasar por la justicia nacional. En todo el mundo, este sistema ha generado más de 1.400 casos y decenas de miles de millones de dólares en compensaciones a favor de corporaciones transnacionales, muchas veces por políticas diseñadas para proteger el interés público.

América Latina: una región bajo presión

América Latina y el Caribe es una de las regiones más afectadas por el régimen de protección de inversiones. Ecuador es, de hecho, el quinto país más demandado de la región, con 31  demandas registradas, la mitad vinculadas a los sectores extractivos de petróleo y minería.

Estos casos han significado pérdidas millonarias para el Estado y un fuerte condicionamiento de las políticas públicas. Por eso, en 2017, tras una auditoría oficial, Ecuador denunció todos sus tratados de inversión y se retiró del sistema de arbitraje internacional, convirtiéndose en un referente mundial.

En abril de 2024, ese camino fue ratificado en las urnas. En la consulta popular del 21 de abril, la ciudadanía ecuatoriana votó masivamente por el “No” (65%) a la propuesta del gobierno que pretendía modificar el artículo 422 y permitir el regreso del arbitraje internacional. Fue una decisión soberana celebrada en toda la región: Ecuador volvía a decirle no al poder corporativo y sí a la justicia nacional.

Lo que se busca con el TLC con Canadá

Pese a esa victoria popular, el gobierno de Noboa insiste en reabrir la puerta al arbitraje. En febrero de 2025 anunció el cierre de las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con Canadá, aún no firmado. El acuerdo se presenta como una oportunidad para incrementar exportaciones, pero las organizaciones advierten que su verdadero eje es el capítulo de inversiones, impulsado por las empresas mineras canadienses, que presionan para incluir cláusulas de arbitraje internacional.

De concretarse, el tratado sería inconstitucional bajo la actual Constitución. Por eso, señalan las organizaciones, el gobierno necesita cambiar la ley fundamental antes de poder firmarlo. Es decir, la reforma constitucional y el tratado con Canadá son parte de una misma estrategia: eliminar las barreras que hoy impiden a las corporaciones extranjeras demandar al Estado ecuatoriano.

Lo que está en juego

El problema no es recibir inversiones, sino bajo qué condiciones y con qué consecuencias. El artículo 422 protege al Estado y a la sociedad ecuatoriana frente a contratos abusivos y tribunales internacionales que limitan la soberanía. Modificarlo implicaría renunciar a ese escudo y reinstalar un sistema que prioriza las ganancias privadas por encima de los derechos colectivos y de la naturaleza.

Los ejemplos son claros: en el caso de la empresa canadiense Copper Mesa, que intentó imponer un proyecto minero en la zona del Intag pese al rechazo comunitario, el tribunal arbitral internacional falló a favor de la compañía, condenando a Ecuador a pagar 24 millones de dólares, además de 6 millones en costos de defensa. En total, el país perdió 15 de los 23 casos resueltos, con un costo de casi 3.706 millones de dólares.

En un país marcado por la desigualdad, la represión y la expansión del extractivismo, volver al arbitraje internacional sería un retroceso profundo. Las organizaciones ecuatorianas lo saben bien: ya defendieron la soberanía una vez en las urnas. Les toca volver a hacerlo este 16 de noviembre, cuando Ecuador vuelva a situarse en una encrucijada: entre el libre comercio y la soberanía.

Más información:

https://agenciatierraviva.com.ar/un-mes-de-huelga-y-represion-en-ecuador-un-gobierno-aliado-al-extractivismo-y-lejos-del-pueblo/
https://elpais.bo/internacional/20251029_ecuador-ante-la-propuesta-de-noboa-de-constituyente.html
https://isds-americalatina.org/