2° boletín 2025 – Récord ISDS: 12 demandas nuevas en solo 3 meses

Boletín N° 2/2025

Actualidad de demandas ISDS

• Total de demandas de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe hasta el 1er de julio de 2025: 415 demandas.
• Demandas nuevas registradas hasta 1/7/2025: 16 demandas (en lo que va de 2025) + 1 adicional de 2022.
• Países demandados en 2025: 3 demandas: Colombia, México, Panamá; 2 demandas: Honduras; 1 demanda: Perú, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Paraguay

Breve descripción de las nuevas demandas en los últimos tres meses

 Mota-Engil Engenharia e Construção v. Paraguay: La empresa portuguesa de transporte Mota Engil registró una demanda contra Paraguay en relación a la renovación y expansión de una red de rutas para el sistema de buses rápidos en la capital Asunción. La empresa había interpuesto una demanda anterior vinculada al mismo asunto, fundamentada en un contrato. Un tribunal de arbitraje había decidido a favor del inversor en 2023, otorgándole 13 millones de dólares a la empresa. En octubre de 2024, una Corte de Apelación en Asunción revirtió parte de este laudo, condenando al contrario a Mota-Engil a saldar deuda con el Estado. Se presume que la demanda se debe a esta decisión de la Corte, que la empresa calificó de arbitraria. No se conoce el monto reclamado por la empresa.

 Estate of Ian Colin Orr-Ewing y otros v. México: A fines de junio de 2025, los herederos de un empresario británico registraron una demanda contra México. El empresario fallecido fue fundador de la empresa minera canadiense Bacanora, que, en otro caso ISDS, está demandando a México por la terminación de una concesión de una mina de litio en Sonora, tras declarar el litio como un mineral estratégico. No se sabe si está demanda tiene el mismo origen, ni cuánto reclama el inversor.

 FCC Construcción v. Panamá: La empresa constructora FCC Construcción presentó una demanda contra Panamá a finales de junio. Actualmente, la empresa está siendo controlada por el magnate méxicano Carlos Slim. El origen de la demanda, al igual que el monto reclamado, no se conocen. Según fuentes periodísticas la empresa alega que actos y decisiones de las autoridades panameñas han afectado negativamente a las inversiones que tiene en el país; entre ellas un proyecto reciente  para expandir la línea de metro que conecta la Ciudad de Panamá con el aeropuerto.

 Amec Foster Wheeler v. Colombia II: En abril de 2025 la empresa estadounidense Amec Foster Wheeler presentó un segundo arbitraje contra Colombia. Esta demanda llega luego de que un tribunal de arbitraje rechazó los reclamos de la empresa en relación a la modernización de la Refinería de Cartagena. Las demoras y los sobrecostos del proyecto provocaron una investigación de la empresa por parte de autoridades colombianas. Sin esperar la conclusión de estas investigaciones, Amec Foster Wheeler inició la primera demanda, y posteriormente, una segunda. No se conoce el monto reclamado por el inversor.

 L’Air Liquide y Azerus v. México: La empresa francesa Air Liquide registró una demanda en contra de México en abril. Aunque el origen de la demanda no se hizo público, fuentes periodísticas vinculan la demanda con la expropiación de una planta de hidrógeno de Air Liquide en 2024 por el gobierno mexicano por causa de utilidad pública. No se conoce el monto reclamado por el inversor.

 First Quantum Minerals v. Panamá: La minera canadiense First Quantum registró una demanda en  base a un TBI, luego de haber discontinuado su demanda en base a un contrato por 20.000 millones de dólares. Estas dos demandas tienen su origen en la decisión de la Corte Suprema del país de cancelar, durante el 2018, el contrato por la exploración y explotación de una mina de cobre por falta de un proceso de licitación pública. En 2023, el gobierno panameño ordenó cerrar la mina definitivamente, luego de masivas protestas sociales. La demanda fue suspendida el mismo día que se registró. No se conoce el monto reclamado por el inversor.

 José Alejandro Hernández Contreras v. Costa Rica III: Se trata de la tercera demanda del inversor venezolano José Alejandro Hernández Contreras contra Costa Rica. Todas las demandas tienen su origen en la decisión de las autoridades costarricenses de no renovar una concesión para V-Net, una empresa que prestaba servicios de telecomunicación en el país. Según alega el inversor, el accionar de las autoridades fue discriminatorio, ya que benefició a un competidor local. Las otras dos demandas fueron discontinuadas. No se conoce el monto reclamado por el inversor.

 GR Mining Inc. v. Venezuela: GR mining de Barbados, una subsidiaria de la minera Gold Reserve, presentó una demanda en contra de Venezuela en abril de 2025. La demanda está vinculada, por una lado, con la revocación de un derecho de minería en el marco del proyecto Siembra Minera para explorar y explotar oro, cobre, plata y otros minerales. Por otro lado, es el resultado de la primera demanda ISDS de la empresa, en la cual el tribunal le otorgó 700 millones de dólares, un monto que Venezuela al parecer aún no ha pagado. La empresa reclama más de 7.000 millones de dólares en esta demanda.

 Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corporation (KOMIR) v. Panamá: La empresa coreana KOMIR registró una demanda contra Panamá en relación a la cancelación de la concesión de una mina de cobre, de la cual es dueña  del 10%, Cobre Panamá. La concesión fue cancelada por la Corte Suprema de Panamá luego de protestas de las comunidades. Hay por lo menos otras tres demandas (en base a tratados y a contratos, entre ellas las de First Quantum) en relación a la terminación de esta concesión. Al igual que en el caso de First Quantum, el día en que se registró la demanda de KOMIR fue suspendida, debido a negociaciones con el gobierno panameño. Está claro que la(s) empresa(s) usan las demandas ISDS para aumentar la presión sobre el gobierno y su margen en las negociaciones. Fuentes periodísticas indican que KOMIR reclama entre 747 millones hasta 2.000 millones de dólares.

 EMCO Group v. Honduras: En Mayo, el Grupo EMCO presentó una demanda contra Honduras en relación a la construcción, el mantenimiento y la gestión del Palmerola International Airport. Una demanda en  base a un contrato relacionada al mismo proyecto fue discontinuada en marzo. La empresa indica que la decisión de discontinuar la demanda en base a un contrato fue fruto de un acuerdo con el gobierno, mientras que el gobierno declara que fue la fuerza de sus argumentos lo que dio fin a la demanda. EMCO alega que el accionar de las autoridades hondureñas le impide operar el aeropuerto plenamente, razón por la cual registró esta demanda en el marco del tratado de libre comercio de América Central (CAFTA). Según fuentes periodísticas, la empresa reclama alrededor de 300 millones de dólares.

 Overseas Real Estate LLC v. Honduras: En mayo, Honduras recibió una segunda demanda en relación a su decisión de derogar la ley que permite el desarrollo de ciudades y zonas económicas privadas, conocidas como ZEDEs. La demanda fue registrada por el inversor estadounidense Overseas Real State, propietario de la ZEDE Ciudad Morazán, cuyo presidente es el italiano Massimo Mazzone. No se conoce el monto reclamado por el inversor.

 2022: Velázquez y otros v. Venezuela: En 2022, los inversores españoles Felipe Vázquez y otros iniciaron una demanda contra Venezuela vinculada a su empresa de producción láctea, Zuli Milk. Según fuentes periodísticas, ya en 2015 las autoridades venezolanas acusaron a la empresa de defraudar a consumidores y especular con los precios, lo que resultó en acciones legales contra Zuli Milk. Luego, la empresa fue inhibida de participar en licitaciones públicas. No se conoce el monto reclamado por el inversor.

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