OBSERVATORIO RIGI: El RIGI tras su primer año
(publicado en Agosto 2025)
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se ha convertido en una de las promesas centrales del programa económico de Javier Milei. Con beneficios cambiarios, tributarios y comerciales generosos, el régimen busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares en diferentes sectores productivos como hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia y forestoindustria. El plazo para adherirse al régimen vence en julio de 2026, aunque el Ejecutivo tiene la potestad de extenderlo por un año más y persigue dos objetivos principales, facilitar el ingreso de grandes capitales y acelerar las exportaciones en el corto plazo.
El RIGI refleja la orientación del gobierno hacia una menor intervención estatal en la gestión de los bienes comunes, asignando un papel preponderante al sector privado. Asimismo, no prevé mecanismos integrales de planificación industrial ni incorpora disposiciones específicas para la protección ambiental o social de los ecosistemas y de las comunidades en sus áreas de influencia. Hasta el momento se han presentado 19 solicitudes de adhesión al régimen, de las cuales fueron aprobadas 7 y 1 ha sido rechazada. Las inversiones más significativas, en términos de volumen de divisas, se concentran en actividades primario-extractivas, especialmente en proyectos destinados a expandir las exportaciones de Vaca Muerta en proyectos mineros de cobre, oro y litio.
Más allá del texto normativo, el RIGI muestra límites estructurales y riesgos políticos que vale la pena destacar. El funcionamiento del modelo libertario depende en gran medida de factores externos, como los vaivenes de precios internacionales y los intereses de empresas extranjeras. Todo parece indicar que los inversores internacionales aún ven con cautela la posibilidad de hundir capital antes de la contienda electoral de octubre de 2025. Si el plan económico del gobierno no funciona y los resultados electorales no son favorables, difícilmente traccione las inversiones deseadas. El propio Director de Barrick Gold en Argentina, Marcelo Álvarez, lo sintetizó durante el último Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas: “con el RIGI no alcanza”, manifestando su preocupación por la falta de inversión en infraestructura pública en rutas y redes eléctricas.
A ello se suman las tensiones sociales existentes. La falta de participación ciudadana, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la criminalización de comunidades locales configuran un escenario especialmente preocupante en proyectos extractivos que se extienden por tres décadas. Tampoco se cumple la eterna promesa del empleo local. Incluso en las proyecciones más optimistas publicadas por el gobierno, las inversiones aprobadas prevén la creación de poco más de mil empleos directos. Esta cifra resulta aún más limitada si se considera que no existe un plan concreto de industrialización en origen ni de generación de encadenamientos productivos que permita traducir estas inversiones en un impacto económico duradero para las regiones involucradas.
En efecto, el RIGI abre interrogantes y líneas de análisis urgentes que este boletín busca abordar en esta primera edición: ¿Dónde se ubican y qué sectores son los más dinámicos hasta el momento? ¿Cuáles son los principales impactos socioambientales en los territorios? ¿Qué implicancias tendrá el nuevo régimen en el entramado productivo nacional? ¿Y qué margen existe para que futuras controversias desemboquen en litigios internacionales contra el Estado argentino? En este primer número del Observatorio del RIGI presentamos los datos vinculados a los proyectos presentados y aprobados. Aportamos una lectura de su funcionamiento y los desafíos que plantea en el futuro inmediato a partir de diferentes notas.
El Observatorio del RIGI surge como una iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (EPYG/ UNSAM). Esta alianza entre organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación internacionales y espacios académicos nacionales responde a la necesidad de construir herramientas de análisis y diálogo sobre las implicancias del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la Argentina, desde una perspectiva de los derechos humanos, la justicia ambiental y la soberanía territorial.
El trabajo del Observatorio se organiza en torno a cuatro ejes principales En primer lugar , el monitoreo de los proyectos que ingresan formalmente al RIGI, relevando información sobre las empresas involucradas, los montos comprometidos, los sectores económicos, su localización y el empleo proyectado. En segundo lugar, el mapeo de las resistencias territoriales, mediante el seguimiento de las expresiones locales de oposición, sus discursos, acciones colectivas y demandas. El tercer eje está centrado en la identificación de los riesgos e impactos socioambientales asociados a los proyectos promovidos por este régimen. Por último , se analiza el impacto del RIGI sobre la recaudación fiscal, la política tributaria y los flujos de capital.
Nuestro objetivo principal es generar y poner a disposición pública datos y reflexiones que permitan comprender los efectos estructurales del RIGI sobre el ambiente, la economía y la sociedad argentina. De este modo, se busca contribuir al seguimiento crítico del régimen, al fortalecimiento del debate público informado y a la promoción de un diálogo democrático entre diversos actores sociales, institucionales y territoriales.
