Primer boletín 2025 – ISDS en acción: casos que atacan lo público, el ambiente y la salud

Boletín N° 1/2025

Actualidad de demandas ISDS

• Total de demandas de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe hasta el 31 de marzo de 2025: 403 demandas.
• Demandas nuevas registradas hasta 3/2025: 5 demandas.
• Países demandados en 2025: 2 demandas: Colombia, 1 demanda: México, Perú, El Salvador

Breve descripción de las nuevas demandas en los últimos tres meses

Brookfield v. Perú: El fondo de inversiones Brookfield está usando el tratado de libre comercio con Canadá para demandar a Perú sobre la suspensión del cobro de peajes en una parte de la autopista concesionada, Rutas de Lima. No es la primera vez que esta autopista está involucrada en un arbitraje de inversión. En dos arbitrajes a base de contrato la empresa recibió cerca de 75.000 dólares como indemnización. La actual demanda le sigue a una decisión del Tribunal Constitucional Peruano que suspendió el cobro en el peaje Chillón, debido a la falta de una vía alterna en este tramo. Resulta interesante que la Municipalidad de Lima está actualmente llevando adelante un juicio en Washington contra Brookfield debido a la compra de acciones de Ruta de Lima de Marcelo Odebrecht, preso y sentenciado por corrupción en Perú. En la demanda de arbitraje, el fondo de inversiones reclama por lo menos 2.700 millones de dólares de Perú.

Draslovka v. México: La empresa química checa Draslovska está demandando al Estado mexicano en relación a la construcción de una planta de cianuro, componente fundamental para la extracción de oro. En 2021, Draslovska adquirió una parte del negocio de la empresa estadounidense Chemours Company que había empezado a construir una planta de cianuro de sodio cerca de la municipalidad de Gómez Palacio en el Estado de Durango. El “proyecto Laguna” nunca fue terminado debido a un conflicto con las comunidades locales que se unieron en el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua y que habían tomado la planta para impedir su terminación. Luego de que un acuerdo con las comunidades para desmantelar la planta no se había cumplido y las autoridades locales se negaron a asistir a la empresa, la empresa registró una demanda de arbitraje. Draslovska está reclamando no menos de 240 millones de dólares. Mientras tanto, las comunidades siguen de pie.

Fibranet v. El Salvador: La empresa de telecomunicaciones Fibranet, con sede en Guatemala, está demandando a El Salvador por la cancelación de la renovación automática de sus concesiones en relación a inversiones en infraestructura de radiodifusión. La cancelación se debió a una decisión de la Corte Suprema salvadoreña, declarando este tipo de concesiones inconstitucionales. La empresa reclama por lo menos 130 millones de dólares como indemnización.

Centauro Capital y Natanor v. Colombia: Las empresas españolas Centauro Capital y Natanor, accionistas del Grupo Keralty que por su parte es dueña de la Entidad Promotora de Salud (EPS) demandan a Colombia en relación a la intervención estatal en EPS. EPS, que ofrece servicios médico-asistenciales, fue intervenida por la Superintendencia de Salud Colombiana en abril de 2024 para evitar el colapso financiero de la empresa. Según la Superintendencia, EPS no estaba cumpliendo con la habilitación financiera, tenía deudas, sumado a la cantidad de peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios. Las empresas por su parte alegan que las medidas derivaron en la destrucción del valor económico de EPS y reclaman 1.200 millones de dólares como indemnización.

Maritime Archaeology Consultants Switzerland v. Colombia: La empresa suiza Maritime Archeology Consultants está demandando a Colombia en relación al rescate del tesoro del Galeón San José, naufragado hace 300 años. En 2018, la empresa consiguió el contrato de concesión para el rescate de la carga del fondo marino, a cambio por piezas recuperadas que no fueran patrimonio cultural. 2 años después, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural declaró todo el galeón y su carga de interés cultural. Se trata de la segunda demanda relacionada al tesoro de la San José. En la otra demanda, registrada por la empresa Sea Search Armada, la misma reclama 10.000 millones de dólares, la mitad del valor del tesoro. El monto reclamado por Maritime Archeology no se ha hecho público.

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